Abril 28 de 2008 Leonora Castaño creó hace dos décadas la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia. Por su trabajo, en 2003 tuvo que exiliarse y ahora vive en Alicante. Reproducimos una entrevista hecha por la ACCD.
Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) * (26/04/2008)
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Leonora Castaño encabezó en 1984 la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC). Por las amenazas continuadas de muerte, en diciembre del 2003 se exilió a la Comunidad Valenciana acogiéndose a un programa de protección para defensoras de los Derechos Humanos. Castaño ha participado en las sextas jornadas de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, celebradas en Barcelona.
¿Què es la ANMUCIC?
Es una entidad social y de género que reivindica los derechos de las mujeres campesinas y trabaja en contra de su exclusión. Hacemos una tarea de dar visibilidad a un sector de la población que nunca ha sido visible ni ha tenido voz propia. Pedimos nuestro derecho a ser propietarias en un país que sufre un alto grado de concentración de la tierra y trabajamos la capacitación en temas de salud, educación, autonomía económica y fortalecimiento del trabajo político y de defensa de los derechos humanos. Hace unos años llegamos a tener cerca de 90.000 afiliadas en todo el país.
La asociación no ha podido escaparse de la violencia...
"La cultura patriarcal, en mitad del drama del conflicto y de los desplazamientos, todavía se hace más evidente"
Hemos sufrido violencia e intimidación de los grupos armados, especialmente de los paramilitares. Más de 7.000 mujeres de la asociación han sufrido desplazamiento y han sido obligadas por los grupos armados a dejar sus tierras y cooperativas agrarias. Casi 40 de nuestras mujeres han sido asesinadas. Calculamos que esta represión violenta ha reducido hasta la mitad la capacidad de acción de la ANMUCIC.
¿Cuál es el principal problema con la población campesina y la tierra en Colombia?
La clase campesina colombiana ha sido tradicionalmente desvinculada del desarrollo del país y de la redistribución de los recursos. Hay una desigualdad de oportunidades evidente entre la población urbana y la de las áreas rurales. Todo esto se agrava cuando esta población campesina es, además, mujer, negra o indígena, y es cabeza de familia. Además, las mujeres sufrimos más la violencia del conflicto: somos las víctimas principales.
¿Y qué tipo de violencia sufren?
La cultura patriarcal, en medio del drama del conflicto y de los desplazamientos, todavía se hace más evidente. Sufrimos violencia sexual, reclutamiento de niñas como esclavas sexuales de los mandos de los grupos armados o para hacer trabajos domésticos; sufrimos violencia contra las mujeres que acontecen líderes o portavoces... Se agudiza la feminización de la pobreza. El cuerpo y la vida de las mujeres colombianas se convierten en objetos y se utilizan para hacer la guerra.
También sufrimos por los niños: muchos padres dejan de escolarizar sus hijos por miedo al reclutamiento forzoso de grupos armados... Nosotras pedimos una auténtica justicia social, étnica y de género. Las mujeres colombianas revindicamos el derecho a sacudirnos la violencia, y a morir de viejas, de mayores...
Hablamos del desplazamiento forzoso de población rural hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades, uno de los principales fenómenos del conflicto colombiano...
Es un fenómeno que crece y que afecta a cerca de 4 millones de personas, el 10% de la población. Durante muchos años se ha aplicado masivamente el terror sistemático para provocar desplazamientos. Pero hay que decir que estos no sólo son resultado de la lógica de la violencia o por el control del narcotráfico. También son fruto de la consolidación por parte del Estado de un modelo económico y social que vulnera la igualdad y los derechos de la población campesina. Que no sólo dificulta el acceso a la titularidad de la tierra para los campesinos, sino que les quita tierras para entregarlas a grupos paramilitares desmovilizados o a grandes empresas transnacionales. En este sentido, la ley de Justicia y Paz pensamos que ha fracasado: juzga demasiado benévolamente a los violadores de derechos humanos y, encima, les da tierras.
Usted se exilió hace poco más de cuatro años por las amenazas de muerte y vive desde entonces en Alicante. ¿Cómo se sienten las mujeres refugiadas colombianas?
"Las mujeres colombianas revindicamos el drerecho a sacudirnos la violencia y a morir de viejas"
A las mujeres exiliadas se nos condena a la muerte social. Muchas de nosotras hemos pasado de sujetos de protección de los derechos humanos a objetos de protección. Dejando atrás Colombia, también dejamos atrás todo un proyecto de vida. Lejos de nuestro país, sufrimos valores culturales diferentes, pérdidas afectivas, dificultades para un reconocimiento laboral o social como el que teníamos en Colombia, nuevos procesos de aprendizaje y relacionales... En general, creo que hay una falta de atención integral a la población refugiada.
¿Y se puede contribuir a la resolución del conflicto desde el exterior?
Sí. No nos pueden quitar las ganas de continuar luchando ni de levantar la voz cuando haga falta. Y el exilio también puede ser una oportunidad para visibilizar internacionalmente el conflicto y sus consecuencias. Podemos acceder a la justicia internacional, documentar casos de violación de derechos humanos y hacer denuncia, así como también profundizar en un trabajo de incidencia política.
(*) La Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) es el organismo que gestiona la política de cooperación al desarrollo, construcción de paz y acción humanitaria de la Generalitat de Cataluña.